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11 mayo, 2011 / Enrique Forniés Gancedo

Política y propiedad privada

La corrupción es una actividad que parece ir ligada al ejercicio de la política. Las noticias no dejan de mostrarnos casos concretos que salpican a los dos partidos mayoritarios. Los archiconocidos trajes regalados por amigos afectuosos, los EREs irregulares que despiden personas ya jubiladas o que nunca trabajaron, etc, etc, etc. Y para ser justos, estos son los que se conocen porque dichos partidos son los que habitualmente se encuentran bajo el punto de mira.

Sin embargo, lo interesante es comprobar el clima de resignación que esto genera en nosotros. En cierto modo asumimos que cualquiera que acceda al poder político, en mayor o menor medida, será corrupto. Tardará más o menos, lo hará con mayor o menos descaro, pero tarde o temprano acabará sucumbiendo, así que da igual a quién votemos, porque esto es algo con lo que hemos de contar.

Es más, de algún modo parece que lo aceptamos como algo natural en el ser humano. El poder corrompe y quien lo ostenta comete abusos. Si se tiene un negocio propio, un terreno en un lugar determinado o un familiar con ciertas aspiraciones, se acabarán tomando decisiones que favorezcan estos intereses. Y esto siempre va a ser así porque es algo que, de hecho, se encuentra en nuestra naturaleza. Al fin y al cabo, los que gobiernan no son más que personas. Cualquiera que estuviera en su lugar lo haría.

Sin embargo, a diferencia de nosotros, Platón en su República llevó un paso más allá su preocupación por este tema y trató de darle solución. Posiblemente, el motivo por el cual los gobernantes de una ciudad podían llegar a ser corruptos fuera la existencia de intereses propios dentro de la misma ciudad que gobernaban. Si tuvieran propiedades privadas tomarían decisiones que favorecieran sus propios negocios, y si contaran con descendencia no podrían evitar optar por aquellas medidas que la favorecieran. Por tanto, la consecuencia lógica que podemos extraer de esto es que, para que sus aportaciones fueran equitativas, dichos gobernante no deberían poder tener ningún tipo de propiedad privada ni de descendencia. Carentes de intereses particulares no podrían sino gobernar por el bien público.

Quizá la propuesta platónica no sea más que una utopía y prohibir a los políticos tener descendencia suene un tanto ridículo. Pero lo cierto es que una persona que cuenta con residencia y sustento no necesita propiedades privadas sino es para su enriquecimiento personal. Y actualmente quienes gobiernan tienen estas necesidades cubiertas. Pensar en la enajenación de las propiedades de quienes se encuentren en el poder para ser otorgados a la comunidad a modo de bienes públicos no es tan descabellado. Inmuebles convertidos en museos o fincas en parques públicos. Obviamente, teniendo en cuenta la posterior pensión que acarrea haber ejercido este cargo, resulta impensable la posterior devolución de dichos bienes a su anterior propietario.

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